OBLIGADOS A CUMPLIR Y DEFENDER

Nuestro país, al igual que la mayoría de los países del Mundo dispone, y ordena, constitucionalmente, la necesidad de velar y proteger el patrimonio natural y cultural que posee. Por lo que estamos obligados a cumplir y defender la riqueza que nos dotó la naturaleza, entre los que se encuentran algunas especies únicas en el Mundo, al igual que el que hemos heredado de nuestros antepasados, muy particularmente del que componen las edificaciones que todavía se conservan,  levantadas por los conquistadores españoles, los sucesivos colonizadores y pobladores de La Española.

La Rosa de Bayahibe (Pereskia quisqueyana), Flor Nacional, se encuentra en la provincia de La Altagracia, al Este de nuestro país.

La Cotorra (Cotica) dominicana, o de La Española (Amazona ventralis), habita en los bosques maderables de la Isla, tanto húmedos como secos.

Ambos patrimonios los hemos considerado imprescindibles para nuestra identificación como país soberano, al igual que como nación compuesta por ciudadanos capaces de comprenderlo, protegerlo, y plasmarlo en sus documentos rectores, como son su constitución y sus leyes.

Para procurar que se cumplan estas obligaciones, y tratar de intervenir cuando sea necesario, se han creado sendas instituciones dotadas de sus respectivos reglamentos, y presupuestos, así como del personal requerido.

Para velar por el patrimonio natural, compuesto por sus diferentes variables; tierra, ríos y arroyos, lagos y lagunas, valles y montañas, plantas y animales, y todo lo demás que contribuya con el sostenimiento del clima, de las diversas especies, y de las condiciones medio ambientales, además de la producción de alimentos capaces de cumplir con el sostenimiento de su población, fue creado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que cuenta con el apoyo de las fuerzas del orden público de la Nación, y de instituciones sin fines de lucro.

Con anterioridad fue creada para velar por el patrimonio cultural, compuesto por el patrimonio arquitectónico y monumental, artístico, arqueológico, y  documental, fue creada la Oficina de Patrimonio Cultural (OPC), en el año 1967, posteriormente desmembrada, y modificado su nombre  por el de Dirección Nacional de Patrimonio Monumental (DNPM), que en sus inicios cumplió con la responsabilidad de velar por los sectores que lo componían. Permaneciendo dentro de la unidad rectora original solo el patrimonio arquitectónico y monumental, y creadas otras instituciones para velar por las demás derivaciones. Con lo que yo, personalmente, no estuve de acuerdo, habiendo existido la posibilidad de crear secciones dentro de una misma institución, aunque fuera necesario  modificar su estructura dentro del organigrama existente en la administración pública.

Más adelante, la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental pasó a depender del Ministerio de Cultura, teniendo como intermediario a un Vice ministerio, paso este que la convirtió en la entelequia que ha seguido siendo desde entonces. Evitándose con ello, que quien dirija la institución se vea compelido a obedecer lo que se le ocurra al Ministro de turno, desconocedor, la mayoría de las veces, de lo que corresponda hacerse. Además, tener que obedecer más a las decisiones politiqueras que a la sensata decisión que se debe tomar en cada caso.

Pasemos, ahora, a otros aspectos relacionados con el mismo tema.

Para que ambos patrimonios puedan ser favorecidos con los instrumentos legales que fueron dispuestos desde el mismo inicio de los dos programas, hacen falta dos cosas. Que los organismos creados para hacerlas cumplir funcionen, o los dejen funcionar, y que la población a la que pertenecen esté suficientemente concientizada para aceptarlos, y defenderlos, así como contribuir con ellos. Lo que solamente se consigue implantando una campaña concientizadora, bien concebida, y repetitiva.

Y esto es, a mi entender, lo que no ha estado ocurriendo en nuestro país. A una gran mayoría de la ciudadanía no le interesan estas “pendejadas”, y si le llegaran a interesar, los problemas a debatir no deberían afectar sus propios intereses. Consiguiéndose con ello los frecuentes enfrentamientos que se arman entre las autoridades y los afectados. O entre los “ocupantes” y los auténticos propietarios de una tierra, o de una edificación.

En términos de lo que sucede en el área del patrimonio natural, por ejemplo, tierras que han sido declaradas parque o reserva nacional, o de interés social, los que se han apoderado de estas se oponen, tajantemente, a ser desalojados, sin importarles que estos desalojos sean dispuestos por la justicia. Tenemos un ejemplo en los Haitises, donde en lo que el palo ha ido y vuelto se han destruido bosques, tan necesarios para la biodiversidad.

En cuanto al patrimonio cultural, en su versión arquitectónica o monumental ha sucedido, que los planes que se diseñaron, originalmente, para la Ciudad Colonial de Santo Domingo, por ejemplo, lo que se ha estado y se continúa haciendo al respecto, desde 1978, ha sido lo contario.

Empezando por el final de la larga batalla, cuando se debió haber trabajado, simultáneamente, para mejorar las condiciones de sus calles y del cableado del servicio eléctrico y telefónico, y al mismo tiempo ir rescatando, no maquillando lo más importante: el conjunto monumental con similar fisonomía externa al que existió. Que no pudo ser conservado por haberse iniciado un erróneo proceso de transformación, a partir de las primeras décadas del Siglo XX. Durante las cuales su componente más antiguo y valioso, histórica y arquitectónicamente, hubiera podido ser adecuadamente recatado y revalorizado, conjuntamente con lo que quedaba del componente habitacional. Sin ser destruido (Hospital de San Nicolás), modificado extremadamente (Palacio Consistorial), ni transformado en parque temático, en el que una gran parte de sus edificaciones particulares sean convertidas en “sepulcros  blanqueados”. Perdón, coloreados.

Sobre esto último, no puedo dejar de repetir, que el problema no está en las sábanas. Que el ambiente que se ha debido estar creando no sea contemplativo, falso. Sino de índole social (acogedor para residir o pasar parte del tiempo en él), cultural (enriquecedor y propicio para el desarrollo de las artes), y turístico (ofreciendo lo que busca una buena parte de los turistas). Por otro lado, a ninguna familia se le puede ocurrir radicarse en ambientes descompuestos, o a nadie se le ocurre llevar turistas a estos lugares, no importa que estén compartidos con joyas aisladas. Que lo que interesa es el conjunto de todos esos factores. Y eso solo se logra, como he dicho, repetidamente, saneando el lugar y su entorno inmediato, dotándolo de seguridad, sin necesidad de contaminarlo de guardias o policías y, en dos palabras, convirtiéndolo en algo similar a lo que otros centros históricos  han podido lograr, como es, por ejemplo, el Viejo San Juan de Puerto Rico.

Para dar una idea de lo que quiero decir, a continuación verán algunos ejemplos.

Las dos primeras casas son propiedad privada. El gobierno dominicano intervino en sus fachadas, cumpliendo con su política “fachadista”, y en las que sus propietarios no se deciden por hacer algo, interiormente. La tercera es propiedad del Gobierno, y está ocupada por una agrupación de índole patriótica, que al parecer carece de los recursos necesarios para darle un adecuado mantenimiento, al igual que a la exhibición de lo que les interesa dar a conocer.

Es notable el interés turístico, y político, al aparecer como responsable un ministerio ajeno al tema, en vez del institucionalmente responsable. En este caso la Dirección de Patrimonio Monumental. Su interior ha permanecido de forma similar al que lucía cuando estaba habitada. No interesa el tema socio ambiental. ¡Que gobiernazo este que tenemos¡

 

Esta casa, indiscutiblemente del Siglo XVI, permanecía así hasta que el gobierno, a través del Ministerio de Turismo decidió rescatar se fachada.

  

Interiores de la casa, actualmente. Un perfecto ejemplo de sepulcro banqueado. Tanto estructural como habitacionalmente.

Igualmente, casa del Siglo XVI, restaurada durante los diez años del Dr. Balaguer, en la que se conservó la fachada del Siglo XX. Y vuelta a pintoretear actualamente por los responsables del proceso de maquillaje a que ha sido sometida la Ciudad Colonial. 

Sus interiores, independientemente del proceso de deterioro visiblemente ostensible, acumula una serie de elementos propagandísticos, que desdice de su manifiesta intención política. 

En esta versión del patrimonio cultural hemos estado confrontando diversos problemas. A saber:

1.- Durante el transcurso del Siglo XX se fueron creando estilos de vida diferentes a los anteriores. Y con estos, se fueron modificando los tipos de viviendas originales, tanto interior como exteriormente.

2.- Al modificarse las viviendas fueron cambiando los estilos de vida de sus ocupantes. Y, consecuentemente, el cambio de estos. Lo que llegó al extremo de que estos últimos no han tenido los recursos necesarios para mantener las viviendas que ocupan de la misma manera que los anteriores. En la mayoría de los casos han llegado a compararse con edificaciones existentes en barrios marginales.

3.- Y ahí es donde está el grave problema. Consistente en un tortuoso y largo enfrentamiento entre propietarios y ocupantes. Lo que ha contribuido al deterioro ambiental, independientemente del que aportan las edificaciones,  impidiéndose que la Ciudad Colonial pueda volver a adquirir sus condiciones anteriores.

4.- Además de los estilos de vida a los que ha llegado a soportar nuestro  principal centro histórico, confrontamos la incapacidad de las autoridades legalmente constituidas, al igual que de la multiplicidad de organismos competidores, llegándose a extremos tales que nadie sabe qué hacer, ni donde ir para solucionar su problema, o el del entorno en que habita o trabaja.

De lo brevemente expuesto se puede colegir el por qué la Ciudad Colonial no ha podido llegar a ser lo que se ha pretendido, disponiendo de una riqueza monumental, aunque aislada, después de medio siglo de intentos fallidos. Y no obstante la inversión que se ha hecho, tanto por parte del sector público como, minoritariamente, del privado.

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